La buena vida de los profesores.

La buena vida de los profesores. Por Yolanda Barreno. 

Ser profesor de secundaria parece, en estos tiempos que corren, sinónimo de tener una buena vida: trabajar pocas horas, tener muchas vacaciones y cobrar un sueldazo. O al menos eso es lo que se oye en las calles, la imagen social de un colectivo cada vez más desprestigiado por la constante labor de unos medios de comunicación de masas al servicio de unos intereses políticos e ideológicos de sobra conocidos.

A pesar de todo, la docencia sigue siendo una buena opción laboral para muchos titulados universitarios, condenados en caso contrario a engrosar las filas del paro y de la emigración forzosa. Pero, ¿es todo tan bonito cómo parece? Intentemos desvelar algunas claves que nos ayuden a responder con conocimiento de causa a esta pregunta.

El punto de partida debe ser la formación necesaria para ser profesor, en la que se aúnan tiempo y esfuerzo a partes iguales. Así, para acceder a un puesto docente en España hay que tener el título de graduado universitario, licenciado, arquitecto o ingeniero superior (como mínimo cuatro años de estudio) y cursar el Máster en Formación del Profesorado (dos años más), que incluye unos contenidos generales (didáctica y pedagogía), otros específicos sobre la asignatura elegida, y una fase de prácticas tuteladas en un IES (Instituto de Educación Secundaria).

Una vez superados estos estudios, hay que presentarse a las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Secundaria, que constan de tres fases:

Fase de oposición: en la que se valoran los conocimientos de la materia (tanto teóricos como prácticos) y los pedagógico-didácticos. Los exámenes constan de varias partes: el desarrollo por escrito de un tema (extraído al azar de los aproximadamente setenta que componen el temario), la resolución de una serie de supuestos prácticos y la presentación y defensa oral ante un Tribunal de cinco miembros de una programación anual y una unidad didáctica que forme parte de la misma (esta programación consta de una extensión variable, pero aproximada, de 80 páginas más los materiales adicionales que se utilizarán para su defensa).

Fase de concurso: en la que se tendrán en cuenta aspectos como la formación complementaria (es decir, otras titulaciones universitarias, máster y/o doctorado), los idiomas certificados oficialmente, la experiencia, etc., y cuya puntuación se añade a la de la fase anterior previa ponderación.

Fase de prácticas: si se superan las dos fases anteriores, el aspirante a profesor deberá afrontar esta tercera parte, que abarca un curso académico, en la que además de sus labores docentes dentro de un instituto tendrá que realizar un curso obligatorio y someterse a un proceso de evaluación interno, que llevan a cabo tanto sus superiores dentro del centro educativo como los inspectores de educación.

Hay que tener en cuenta que los procesos de oposición se convocan, con carácter general, cada dos años. Por lo que ese tiempo es el mínimo necesario para poder “entrar a trabajar” como docente. Lo más habitual es que el aspirante apruebe el proceso de oposición (es decir, los exámenes teóricos y prácticos y el oral), pero no consiga una de las plazas convocadas, bien porque la nota de corte sea muy alta, bien porque no tenga suficientes méritos puntuables en la fase de concurso. En este caso, pasa a engrosar una de las listas de interinos destinadas a cubrir las bajas de los profesores titulares y las plazas temporales que quedan vacantes al no ser cubiertas por la oferta pública de empleo de la administración educativa.

Como vemos, tras un mínimo de ocho años desde la finalización del Bachillerato y la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, podremos comenzar a trabajar dentro de un instituto de secundaria. Comenzamos a vivir bien, y esa buena vida comienza por la jornada laboral: cuatro clasecitas y para casa, a relajarse…

Porque, ¿cuántas horas trabaja un Profesor de Secundaria? Como cualquier funcionario, tal y como establece la ley, su jornada semanal asciende a treinta y siete horas y media, que se distribuyen en:

 – Treinta horas de permanencia en el IES: Veinte de ellas son períodos lectivos, de docencia directa con los alumnos, incluida una hora de tutoría; y el resto se reparte entre los períodos complementarios (horas de guardia, atención a la biblioteca escolar, reuniones de departamento y tutores y atención a padres), los de obligada permanencia en el centro para preparación de extraescolares, corrección de exámenes, seguimiento del absentismo escolar, etc., y las horas de cómputo mensual destinadas a  claustros, sesiones de evaluación, comisiones de coordinación pedagógica, reuniones del Consejo Escolar, etc. Cabe destacar el hecho de que el tiempo de recreo que disfrutan los alumnos no se considera jornada laboral, y a pesar de que los profesores se encuentren en el centro educativo durante el mismo no se les computa a efectos de cálculo de dicha jornada.

 – El resto del horario lo conforman las siete horas y media de dedicación fuera del centro escolar, que se destinan a la preparación de las clases, materiales de atención a la diversidad, confección de exámenes, y asistencia a las actividades de formación complementaria y permanente, que son, por ley, obligatorias para todos los profesores. Como vemos, una labor que exige mucho más tiempo que esas siete horas y media asignadas legalmente.

(Manifestación de profesores. Fuente: publico.es)

Pero por más que el “trabajo en casa” exceda de las horas asignadas para ello, y que sea harto frecuente ver a los profesores corrigiendo ingentes montañas de ejercicios, trabajos y exámenes en su tiempo de “no trabajo” (fines de semana o tardes enteras sin despegarse del papel), no debemos perder de vista el hecho de que los “profes” viven muy bien, y que son unos seres privilegiados que disfrutan de tres meses de vacaciones (o más) al año. ¿O tal vez no? ¿Podemos considerar vacaciones, como tal, un período de tiempo en el que efectivamente no se trabaja pero durante el cual tampoco se cobra? Si lo aplicamos a cualquier otro trabajo, la respuesta es, evidentemente, que no. Y sin embargo, eso es lo que sucede en el colectivo docente: el sueldo de un profesor es inferior al de otro funcionario de categoría similar (clase A, la correspondiente a licenciados universitarios, subgrupo A1) precisamente porque esos días supuestamente vacacionales no son remunerados.

A modo de aclaración: el sueldo de un funcionario se compone de una parte fija (salario base y antigüedad) y otra variable: es el llamado complemento de destino, y es ahí donde se dan las más que notables diferencias entre, por ejemplo, un fiscal y un profesor (ambos funcionarios de la misma clase y subgrupo), atendiendo, precisamente, a la extensión anual de su jornada laboral (a menos días trabajados menor sueldo). Las vacaciones de un docente son, por lo tanto, de un mes: el de agosto, el único en el que no tienen que estar tampoco a disposición del Administración. Y eso sólo por lo que respecta a los funcionarios de carrera, los que poseen una plaza fija en la administración, ya que el colectivo de funcionarios interinos, en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, es despedido a treinta de junio, pasando en esta fecha a engrosar las ya de por sí abultadas listas del paro.

Siguiendo con el análisis de las condiciones laborales de este colectivo es necesario hacer referencia al tema de las faltas de asistencia al trabajo. Es habitual y generalizado el pensamiento de que los profesores faltan mucho a clase y que los chavales pierden muchas horas lectivas por este motivo. Ante este hecho, hay que tener en cuenta dos consideraciones completamente diferentes:

• La primera, que hay que tener en cuenta que cualquier falta de asistencia supone un sustancioso descuento de haberes en la  nómina mensual: las bajas laborales por enfermedad, por ejemplo, implican descuentos salariales durante los primeros veintiún días de la misma, lo que se traduce en una reducción salarial mensual cercana al treinta por ciento. Esta situación supone que muchísimos docentes acudan enfermos a su centro de trabajo, incluso en los casos en los que su dolencia les impide realizar su trabajo (esto es, impartir clase, como sucede por ejemplo cuando hay una faringitis aguda, que ni siquiera tiene la consideración de enfermedad profesional), con el consiguiente riesgo sanitario que esto conlleva. Además, tampoco están justificadas (y provocan descuento de sueldo) las ausencias para acudir al notario, al banco, a las Administraciones Públicas y a cualquier otro organismo cuyo horario sea exclusivamente matinal y, por lo tanto, coincidente con el escolar.
• La segunda, que no hay que olvidar que la Administración no envía profesores sustitutos para bajas inferiores a quince días, aunque estén perfectamente justificada y se conozcan con mucha antelación (operaciones quirúrgicas, por ejemplo).

Otro aspecto importante y poco conocido es la estricta ley de incompatibilidades a la que están sometidos los profesores, que se traduce en una suerte de “contrato de exclusividad” con la Administración que les impide poder realizar cualquier otra actividad remunerada en su tiempo libre. Esto es especialmente significativo en el caso de los profesores contratados a tiempo parcial: con media e incluso con un tercio de jornada. La ley de incompatibilidades les afecta igual que si estuvieran contratados a jornada completa, y por ello, a pesar de percibir un salario proporcional a dicha jornada (medio sueldo o un tercio), están obligados a solicitar por escrito la compatibilidad con otra actividad. La Administración resuelve dicha petición en un plazo aproximado de tres meses, y si es negativa deberán devolver todo lo percibido hasta ese momento. Además, es importante señalar que la petición de compatibilidad también hay que pagarla: entre ciento veinte y ciento cincuenta euros en función de que el segundo empleador sea una empresa privada (en el primer caso) o pública (en el segundo).

Y para terminar de comprender cómo es esta buena vida, no queda sino echar un vistazo a lo que ocurre diariamente en el interior de las aulas. Un profesor no sólo imparte clases de lengua, de historia o de matemáticas, sino que realiza otras labores como tutorizar a los alumnos, servir de puente con las familias y miembros de la comunidad educativa o atender a la diversidad del alumnado. Hasta hace no muchos años, los chavales con necesidades educativas especiales (aquellos que tienen discapacidad motórica, auditiva, visual, mental, o problemas más serios como los psiquiátricos) se escolarizaba en escuelas con profesionales especialistas en estas áreas, capaces de darles una atención personal y adecuada; sin embargo, en la actualidad estos alumnos se encuentran compartiendo aula en cualquier instituto con otros treinta alumnos más, algunos como ellos (aunque seguramente con un problema diferente al suyo, pues cada persona es un mundo), otros diferentes, algunos con interés por estudiar, y otros que están deseando cumplir los dieciséis años (pues no olvidemos que la educación es obligatoria hasta ese momento) para abandonar los estudios y dejar esa cárcel que para ellos supone el instituto.

Aulas masificadas, alumnado díscolo y aburrido con un comportamiento inadecuado en muchas ocasiones, diversidad inabarcable y ausencia de recursos (personales y materiales) para afrontar una situación que se repite en nuestras escuelas ¿El resultado? Un puzzle difícil de montar, una atención deficitaria para los alumnos que más lo necesitan y el desprestigio de unos profesionales que, como en muchas otras áreas, se ve desbordado e injustamente vilipendiado por todos los que, tristemente, siguen pensando que son “unos caras” que viven muy bien.