La Transición, ABC: Atocha, Barrionuevo y Cicuttini.

La Transición, ABC: Atocha, Barrionuevo y Cicuttini. Por Luis Quiñones. 

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(“El abrazo”, de Genovés, 1974)

Atravesamos un momento en que el cuestionamiento de la modélica Transición española se ha instalado en el debate político actual. La presente crisis económica, la corrupción, las irregularidades en el funcionamiento de la justicia o la falta de transparencia de nuestras instituciones han contribuido a desbaratar la idea preconcebida de que nuestro viaje hacia una democracia haya sido tan  ortodoxamente ejemplar como se ha sostenido durante mucho tiempo.

El viejo Miguel de Unamuno afirmaba en 1912 en su artículo “Ver claro en nosotros mismos”, publicado en El Imparcial, que “la intransigencia proviene de no ver claro en las opiniones de los otros, lo que equivale a no ver claro en nuestras propias opiniones”. Y continúa: “Lo característico de toda ortodoxia es su incapacidad para darse cuenta de las heterodoxias”. Y algo así debe de estar ocurriendo cuando una ciudadanía cada vez  más consciente e instruida (aún minoritaria) intenta cuestionar la Transición, frente a la  constante y radical acusación de “antisistema”, lanzada como arma arrojadiza, contra cualquiera cuya opinión se salga del cuadrilátero oficialista de las llamadas verdades históricas.  El bueno de don Miguel escribiría en otro artículo, un año más tarde (“La cuadratura del círculo”), que “el sentido crítico y el sentido histórico son uno mismo”, para concluir sin ambages que “criticar es historiar”. Olvidan los apologetas del oficialismo que la función crítica es constructiva y que de ella depende cualquier proceso histórico.

Por ello, habrá que empezar a contemplar el mundo con otros ojos, especialmente ahora, cuando el próximo 24 de enero se cumplan treinta y ocho años (mi propia edad) del acontecimiento que marcaría buena parte de la Transición y la vida de los españoles. La matanza de cinco abogados laboralistas, en su propio despacho de la calle de Atocha, organizada por un grupo ultraderechista, sigue siendo a día de hoy un pasaje oscuro de nuestra reciente historia. El acontecimiento desembocaría en la legalización precipitada del Partido Comunista de España (PCE), renunciando a buena parte de su ideario, en la fragmentación de los sectores más conservadores del país, que tendrán que condenar el hecho, y en el reencuentro de la ciudadanía con el derecho de manifestación, antes de que este fuera recogido legalmente en la Constitución del 78, aún en proceso de construcción. Una ciudadanía de todo signo condena en las multitudinarias manifestaciones que recorren todo el país este execrable crimen encaminado claramente a debilitar el proceso constituyente y democrático.

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(Multitudinario funeral de los abogados de Atocha. Fuente: archivo histórico del PCE)

Sin embargo, casi cuarenta años después, se ciernen sobre aquel acontecimiento numerosas dudas que no quedaron lo suficientemente respondidas ni con la versión oficial del suceso, ni con el destino judicial de los asesinos, ni tampoco con la investigación de los hechos por parte de la policía, y que apuntan claramente a que nunca se nos ha contado la verdad.

El 24 de enero de 1977, sobre las 22.45 horas, un comando supuestamente formado por tres personas irrumpe en el número 55 de la calle de Atocha. Uno de los miembros del comando se queda en el rellano vigilando, mientras los otros dos sujetos penetran en el despacho de abogados. Según los testimonios de los supervivientes, los ultraderechistas preguntaron por el sindicalista de CCOO Joaquín Navarro, secretario de la Sección de Transportes de Madrid. Al no encontrarlo allí, abrieron fuego contra los abogados reunidos, asesinando a tres y dejando gravemente heridos a otros seis, de los cuales fallecerían en el hospital otro letrado más y el secretario del despacho. A lo largo del día 26 más de doscientas mil personas llenarían de dolor silencioso y claveles rojos las calles del centro de Madrid, homenajeando a los abogados y al auxiliar del bufete, vinculados con el sindicalismo de izquierdas, que serían enterrados a lo largo de aquella jornada.

Las detenciones no se harían esperar, pero probablemente nunca se llegaría a hacer justicia durante el juicio que se desarrollaría tres años después, ya 1980. Los detenidos no se tomaron la molestia de huir de Madrid, convencidos tal vez de que nada les pasaría, en lo que parece ser una muestra de confianza en unas autoridades policiales y judiciales afines aún ideológicamente a ellos. Los detenidos, como autores materiales de los hechos, fueron José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. Como inductor la justicia condenaría a Francisco Albaladejo Corredera, miembro del Sindicato Vertical de Transportes, y también serían detenidos y condenados Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, ex combatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y la novia de José Fernández Cerrá, Gloria Herguedas, la única mujer encausada de la que casi nada se sabe en la actualidad, y condenada por complicidad, que no cumpliría ni un solo año en prisión.

El destino judicial de los protagonistas está envuelto en un amalgama de laxitud, errores judiciales y negligencia. Rafael Gómez Chaparro, el juez de la Audiencia Nacional, según los supervivientes, se negó a imputar o encausar a otros supuestos autores, ni a buscar a ningún otro responsable ideológico. Muchos de los que desfilaron por el juicio como testigos o imputados lo hicieron de manera soberbia, vestidos con la camisa azul o respondiendo de forma desdeñosa ante un tribunal que no reconocían como legítimo.

Pero el desastre judicial y político vendría después del atentado terrorista. Uno de los autores materiales, Fernando Lerdo de Tejada, antes de la vista y durante un permiso del juez instructor, conseguiría fugarse de España, tal vez desde Francia, de donde partiría a Brasil con documentación falsificada, según se barajó en su momento. No se tienen noticias de su regreso, aunque este personaje siniestro vive aún (su delito prescribió en el año 1997) y podría regresar a nuestro país cuando quisiera, si no está aquí ya, oculto desde hace mucho tiempo en una identidad que no es la suya. Pero su biografía no deja lugar a dudas: era el marido de la secretaria personal de Blas Piñar.

José Fernández Cerrá, condenado a 193 años, cumpliría en España solamente 14 años, tras los cuales se le da la libertad condicional, y algún año después pide permiso a las autoridades judiciales para salir de España, con la excusa de una oferta de trabajo en Paraguay. Este asesino tampoco cumplió su condena en España, aunque tiempo después fuera detenido en Uruguay y encarcelado allí por tráfico de drogas. El otro autor material juzgado solo cumpliría 15 años y vive anónimamente trabajado, según algún medio de comunicación, en una empresa de seguridad. El resto de condenados, excepto Gloria Herguedas, murió en la cárcel al poco tiempo de ingresar en ella.

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(Dos de las versiones que se barajaron de los suceso, según el diario ABC, en 1977)

La versión oficial es que los dos condenados y autores materiales utilizaron una Star y una Browning F/N de 9 mm Parabellum, dos pistolas con las que difícilmente se puede “ametrallar” a nueve personas en apenas algunos minutos, tal y como afirma la prensa que sale a los kioscos españoles al día siguiente y podemos comprobar en cualquier hemeroteca. Incluso el diario ABC del día 28 de enero ofrece dos versiones contradictorias de los hechos, sosteniendo la tesis del ametrallamiento en ambos casos. Pese a ello, ningún vecino oyó disparos y solamente hay vaguedades en todos los periódicos que he revisado sobre el modo en que se informó a la policía y se descubrió el asesinato. El País del día 25 adelanta que es un vecino y que probablemente las ametralladoras o ametralladora utilizadas en el atentado terrorista tuvieran “silenciador” (sic). Resulta sorprendente que después de una instrucción de tres años y de unas detenciones relámpago aún a día de hoy no sepamos el arma que causó la muerte de los abogados y el auxiliar del bufete. Y mucho más sorprendente, que se mirara para otro lado en el caso del fugado Lerdo de Tejada: ¿cómo salió de España?, ¿lo buscó la Interpol?, ¿quién le facilitó un pasaporte falso?, ¿qué apoyos tuvo?

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 (La prensa en enero de 1977 plantea la teoría del ametrallamiento)

La teoría de la conspiración no es una paranoia contemporánea resultado del excesivo uso de internet. Los días previos a los asesinatos de la calle de Atocha, el teniente general Villaescusa es secuestrado por un comando de los GRAPO, mientras  Oriol y Urquijo sigue retenido por este mismo grupo terrorista desde el mes de diciembre de 1976. Es el secuestro del militar la noticia que lleva en portada el diario ABC el mismo día 25 de enero. Es curioso que en su editorial del día 26 de enero se critique el editorial del día anterior que publica El País, en que se afirma lo siguiente, bajo el título de “Basura, no”:

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 (Editorial del diario ABC, del 26 de enero de 1977)

“El diario El País escribe en su editorial de ayer: ‘Ya no cabe duda de que el secuestro de Oriol y el del general Villaescusa tienen una misma causa y un mismo fin; el intento desesperado de grupos detentadores de amplias parcelas de poder por mantener estas, aun después de la muerte del general Franco’. Es decir que para nuestro colega los grupos responsables ejercían una parte del poder antes de la instauración de la monarquía y siguen poseyéndolo en la actualidad. Acusación gravísima, absolutamente infundada y notoriamente falsa”.

 

Por su parte, el editorial de El País, tan duramente sancionado por el diario ABC, afirma lo siguiente, llevando tal asunto en su portada:

 portada de el país“Caben fundadas sospechas de que esta conspiración, que es de origen interno, esté apoyada y avalada por fuerzas internacionales. La Internacional Fascista es una realidad”

Podría ser una cuestión exclusiva de la prensa liberal el apuntar hacia un poder en la sombra o a poderes vinculados con el propio estado que originaran secuestros o atentados para desestabilizar el sistema alentando a grupos de distinto signo político incluso. Pero es también el propio diario ABC el que se cuestiona la autoría de otra muerte que teñirá de rojo aquel enero negro de 1977. Durante la jornada del domingo, día 20, y durante una manifestación pro amnistía se detiene a otro oscuro personaje, un joven ultraderechista de nacionalidad argentina y de procedencia alemana, Jorge Cesarsky Goldestein, como autor material de los disparos que acabaron con la vida del estudiante izquierdista, Antonio Ruiz. En el diario ABC del 28 de enero leemos en un artículo firmado bajo seudónimo y titulado “La amnistía y el terror”, lo siguiente:

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¿Quién es este individuo argentino de difícil fonética eslovaca que era hasta ayer totalmente desconocido para el gran público y que ha sido detenido por la policía como sospechoso tras el homicidio de un participante en una manifestación pro aminstía ilegal del pasado domingo? ¿Quién le paga? ¿Es un loco, es un idealista o es un profesional de la delincuencia que cobra a tanto el delito?

En una entrevista concedida al diario El País el 17 de junio de 1979, este personaje, del que poco se sabe, declara haber sido detenido por una orden de “muy arriba” y asegura que sus “amigos policías no pudieron hacer nada por evitarlo”. Pero autodenominarse “amigo de policías” resulta llamativo para un personaje que viene de la negra Argentina del general Videla y al que se le ha adscrito a grupos ultraderechistas argentinos, llegando a pertenecer a la pro nazi Alianza Libertadora Nacionalista de Argentina. No hubiera sido raro considerarlo un asesino a sueldo, un sicario en nómina de unas instituciones que, con la Transición en marcha, ya no pueden hacer el trabajo sucio que habían estado haciendo durante los anteriores cuarenta años. Vinculado también con la Triple A y los Guerrilleros de Cristo Rey, este personaje, amigo íntimo de Sáenz de Ynestrillas, quien se deshace en elogios en su blog hablando de él tras su muerte en 2011, es parte del estercolero ideológico de una extrema derecha turbia que se instala en España tras la muerte del dictador Franco bajo un paraguas protector fraguado entre las propias instituciones del Estado Español. El juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional será otra vez Gómez Chaparro, cuya investigación se cerró de manera inminente, condenando solo un año a Cesarsky, quien sería puesto en libertad a los seis meses de salir condenado en un juicio que a todas luces resultaría una mera pantomima. De la instrucción desastrosa de este juez del asesinato de los abogados laboralistas ya hemos hablado.

Pero sin duda, el golpe definitivo al inexacto resultado de las pesquisas judiciales durante la investigación de los asesinatos de la calle Atocha, lo encontraremos, una vez más en la prensa, que contradirá las tesis barajadas durante el juicio sobre el tipo de armas empleadas. Por supuesto, la información que abre la espita de la verdad vendrá del extranjero.

En una noticia recogida en El País, del día 12 de febrero de 1977, firmada por el periodista Jesús de las Heras se afirma que Associated Press había difundido una nota por la que en el secuestro de Oriol y Urquijo los miembros de los GRAPO habían utilizado un arma desconocida en España según las fuentes oficiales, denominada Ingram M10, conocida entre los usuarios de tan eficaz invento como Marietta, en honor a la ciudad de Georgia (EE.UU) en que se fabricó. La misma información recoge que Le Monde, el diario francés, informa de que la Guardia Civil conocía bien este arma que, utilizando balas de 9 mm tipo Parabellum, había sido requisada a miembros de ETA. El periodista, además, confirma que agentes de la policía armada que operaban en el País Vasco llegaron a utilizar y a abrir fuego con este fusil automático ligero, silencioso y fácil de usar. El propio responsable de la Embajada de Estados Unidos tuvo que desmentir que la empresa que las fabricó, la Military Armament Corporation, tuviera algún acuerdo de tipo comercial con el Estado español. El periodista Jesús de las Heras, autor del artículo, escribe al coronel, Luis López Anglada, entonces jefe del Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio del Ejército, para que le confirme si este tipo de arma es usada por el ejército español, sin obtener respuesta alguna.

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(Marietta M10, las armas utilizadas por grupos extremistas vinculados con la Red Gladio)

Resulta llamativo, por tanto, que un arma norteamericana que no usa oficialmente el Estado español no sea tan desconocida ni por ciertos grupos policiales ni por miembros de grupos terroristas. Y más llamativo aún que “ametrallados” los abogados de Atocha lo hubieran sido con dos pistolas. Pero la noticia que derriba definitivamente la tesis oficial del atentado en el número 55 de la calle de Atocha vendrá tiempo después. Y lo hará desde Italia.

Bien es verdad que el diario El País, en su número del 25 de enero abre su primera página con este llamativo titular: “Pistoleros de extrema derecha siembran el terror en Madrid, añadiendo en la entradilla, “españoles y extranjeros”, en alusión al detenido Cesarsky y quizás a alguien más que estuvo, indujo, instigó u organizó la masacre de Atocha, ocurrida horas después, y tal vez bien conocido en círculos fascistas y de los que tendremos noticias algún año más tarde.

En los años ochenta salta a la prensa que un terrorista italiano anticomunista, Vicenzo Vicinguerra, arrepentido de su currículum sanguinario, ha comenzado a colaborar con la justicia italiana, que es capaz de encontrar entre otras armas una Ingram M10, una Marietta, entre otras muchas en un alijo, quizás facilitado por el ex terrorista. El arrepentido, con sus declaraciones a The Guardian, provocará un escándalo internacional al afirmar que los grupos terroristas italianos vinculados con la extrema derecha estaban bajo la cobertura de la CIA y la OTAN, encargados de financiar y organizar sus actividades con el fin de hacer retroceder al comunismo en Europa. El propio Giulio Andreotti terminaría por afirmar la existencia de una trama internacional nacida de las cloacas del estado, la llamada Operación Gladio, aquella Internacional Fascista cuya existencia denunciaba El País en el año 1977.

Un tal Cicuttini podría ser una pieza esencial en el rompecabezas internacional que se desmonta en un portal de la madrileña calle de Atocha. Un informe de los servicios de seguridad italianos que se publica en el año 1987 señala a Cicuttini como un destacado miembro fascista y quizás un cooperador o participante en la matanza de los abogados laboralistas del 77. El mismo año de la publicación del documento se pide la extradición  para que fuera juzgado en Italia, sin embargo; España y su entonces secretario de Estado, Rafael Vera, junto con su ministro del Partido Socialista, José Barrionuevo,  ambos condenados por los GAL y miembros de un gobierno ya plenamente democrático, no debieron actuar con la necesaria diligencia. Antes de ejecutar la orden de expulsión, Cicuttini contrae matrimonio con la hija de un general del Ejército español y obtiene la nacionalidad española, lo que impedirá su extradición. La torpeza de viajar a Francia le ocasionará su detención en 1993 y es puesto finalmente en manos de la justicia, treinta años después de que cometiera en Italia uno de los peores atentados terroristas de su historia.

Cuesta creer que los servicios de Inteligencia españoles desconocieran la presencia de este individuo durante más de veinticinco años en nuestro país. Y cuesta creer que un gobierno autodenominado socialista, elegido ya democráticamente, sin las drásticas presiones de elementos desestabilizadores, hiciera más bien poco no solo por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el despacho de abogados de Atocha, sino también por mostrar descaradamente lo que no es nada más que una actitud benévola con los asesinos y casi colaboracionista.

Antonio Grimaldos, periodista e investigador, autor de La CIA en España, explica esta actitud de los sucesivos gobiernos de Felipe González, y justifica por ello el radical viraje atlantista del propio González nada más instalarse en el poder, al encontrar la estabilidad política suficiente amparada por el hermano mayor norteamericano durante el periodo en que el PSOE se mantuvo en el gobierno.

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(Felipe González, tomando posesión en 1982)

Pistoleros a sueldo, tramas políticas internacionales, movimientos instigados desde el poder, dotación de armas de origen norteamericano a grupos ultra, extranjeros con el beneplácito de las autoridades, jueces y policías que miran hacia otro lado, infiltrados, versiones contradictorias de hechos luctuosos y tramas políticas, casi todas, encaminadas a deslegitimar la legalización del PCE y frenar cualquier intento democratizador auténtico marcaron, sin duda, el proceso “modélico” de la Transición española, teledirigido desde instancias económicas y políticas supranacionales que fueron marcando el camino al pueblo español en sus decisiones más trascendentes.

Lo más importante, pues, no es preguntarse por lo que sucedió, cuestión irresoluble en muchos casos. La cuestión más importante sería intentar esclarecer qué ha quedado de todo aquello en nuestros días, qué instituciones son las que dirigen actualmente las decisiones políticas y hasta nuestras propias decisiones cotidianas. Y, sobre todo, qué sustrato de todo aquello pervive en nuestros días como una sombra alargada que nos condiciona el presente y nos puede condicionar el futuro. Mirar, como decía Unamuno, con la claridad suficiente en estos días se hace más imprescindible que nunca, en tiempos en que la democracia parece haberse desvanecido en una concatenación de eslóganes vacíos, meros anuncios publicitarios o resúmenes de escasos caracteres, es trabajo que nos corresponde a los ciudadanos.

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