La LOMCE y los vanidosos.

La LOMCE y los vanidosos. Por Luis Quiñones.

Convendría recordar una de esas lecturas que han marcado nuestra infancia para comprender en qué consiste la vanidad. Antonie de Saint-Exupéry nos ilustra sobre este asunto cuando su pequeño aristócrata viaja hasta un planeta habitado por un solo hombre que luce chistera y que, ante la mirada atónita del muchachito, le explica que ese sombrero tan raro lo utiliza para saludar a su público. El lector halla la ironía aleccionadora al preguntarse por el público de un planeta en el que vive un solo hombre. Y más o menos ese planeta prácticamente deshabitado se podría llamar LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y no se encuentra en otro lugar que en un galaxia que se llama España.

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(Portada de El principito. Fuente: editorial Emecé)

Parece que ni sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones estudiantiles ni, por supuesto, los profesores o las asociaciones de padres defienden esta ley, que, sin embargo, se aprueba con las cartas marcadas de los tramposos que juegan en algunos medios de comunicación.

Pero frente a esa primera impresión, uno empieza a tener la sensación de que ni tan escasos están empezando a ser los apoyos, ni tan desastrosa la ley como exclamamos los agoreros de siempre. La paz que impera en nuestros centros escolares y en un sistema educativo absolutamente desmovilizado es un hecho irrefutable: ni los sindicatos mayoritarios (institucionales y sistémicos) han promovido una contundente huelga, ni los directores se han batido en duelo contra la Administración a la que pertenecen (como sí ha ocurrido en Sanidad), ni ha habido una reacción beligerante de la educación privada (casi toda concertada y católica), ni mucho menos los intelectuales de este país han tenido una reacción unánime y airada contra la llamada “ley Wert“.

La complicidad de la mayoría de los medios de comunicación (igual de sistémicos que los sindicatos) ha barrido del debate el verdadero espíritu de la LOMCE con la cortina de humo electoralista de la enseñanza de la religión en nuestros colegios. La polémica sobre la religión, intencionada y dirigida a un público acrítico, ha empañado las raíces ideológicas de esta nueva ley educativa que es, sobre todo, una mella más en nuestra maltrecha democracia.

La religión católica, absurdamente adherida al currículo desde los viejos tiempos del nacional-catolicismo, es un rondó que estamos bailando los españoles desde los acuerdos firmados, ya en democracia, con el Vaticano. Lógicamente, en ellos se establece un trato especial a la religión católica en la vida pública española. En el llamado Concordato, con fecha del 3 de enero de 1979, se afirma lo siguiente, en su artículo I:

“A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”.

 

El artículo II del acuerdo que firmaron el Estado español y la Iglesia es mucho más explícito:

 

“Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla. Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar. En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la Jerarquía Eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa”.

Si llamativa es la antigua terminología educativa (EGB y BUP), mucho más antigua es esta continua injerencia eclesiástica en los asuntos públicos españoles, que no es más que la enfermiza obsesión de la Iglesia por controlar parte de la educación, como ha venido haciendo desde hace siglos. Ni siquiera los sucesivos gobiernos de Felipe González rompieron los acuerdos con la autodenominada Santa Sede. Por lo que el debate religioso en la educación no es más que una discusión hueca, ya que hasta que no haya una ruptura con esa dinámica de idilio entre el Estado español con el del Vaticano, los ciudadanos tendremos que soportar cada cuatro años (como manda el bipartidismo) esa intencionada polémica en los medios de comunicación.

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(El nacional-catolicismo, ejemplo del idilio entre Iglesia y Estado. En la foto, Franco bajo palio)

Al ministro Wert le beneficia airear este asunto de la religión en las aulas. No solo capta el deteriorado voto de una derecha que desconfía del partido ahora en el poder, sino que alienta enconadas tertulias radiofónicas en las que no se habla del problema de fondo de esta ley. Por supuesto, ningún periodista le ha preguntado a Wert qué demonios tiene que ver la enseñanza religiosa con la “calidad educativa” que da nombre a la ley que ha redactado este ministro. Pero sería pedir demasiado a algunos medios de comunicación, secuestrados en la batalla interesada del bipartidismo que alimentan desde sus telediarios y boletines informativos.

Lo peor de todo no es, sin embargo, que esta ley esté redactada por un vanidoso que agita su chistera para hacer una reverencia a su público. Lo peor de todo es que este vanidoso sí tiene público. Pero vayamos por partes.

La LOMCE atribuye a la educación elementos que son marcadamente ideológicos. Es una ley impuesta por los principios del liberalismo económico. Desde el mismo Preámbulo de la ley, queda claro que es una ley circunstancial. Afirma ser una apuesta por el crecimiento económico, siendo la educación el motor del bienestar:

“La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor”.

Da la impresión de que potenciar la alta cualificación mejorará las posibilidades de encontrar trabajo en el presente contexto económico. La realidad es que los jóvenes españoles, los más cualificados de la historia de España, pueblan las oficinas de empleo y, por supuesto, los aeropuertos. Esta apuesta que dice tener la ley por la “alta cualificación” entra en contradicción con lo que se afirma en el artículo XIII de dicho Preámbulo:

“La principal diferencia del sistema educativo español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo de alumnos y alumnas que transitan por nuestra Formación Profesional. Esta situación incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad de nuestra economía, limitando las opciones vitales de muchos jóvenes”.

 

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(El ministro Wert y Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, artífices de la ley)

Hay que entender que “empleabilidad” y “alta cualificación” son cuestiones antitéticas en nuestro contexto económico actual. La “ley Wert” parece desde el principio nada más que un listado buenas intenciones, que inciden, sin embargo, en el urgente subterfugio de ‘a menor titulación más posibilidades de trabajo’. La contradicción es evidente, y casi mal intencionada, a tenor de que los ciudadanos tenemos que cualificarnos menos en beneficio de la nación y de los abaratamientos salariales, que es lo que según los expertos del FMI favorecería nuestra maltrecha economía.

El colmo de esta intromisión de la economía en el ejercicio de la educación va más allá incluso. En el artículo 122 (bis), apartado 3, se afirma:

Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas, supondrán para los centros docentes la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como de los recursos materiales y financieros.

Dicho de otro modo: aquellos centros que mejoren los resultados obtendrán más dinero para su sostenimiento. La naturaleza de la educación no debería ser fomentar la competencia, y más teniendo en cuenta que en una misma región o ciudad puede haber  realidades sociales que favorezcan la obtención de peores resultados: alumnos con dificultades, minorías en riesgo de exclusión social o poblaciones con un alto índice de paro son ejemplos de cómo podremos encontrar centros educativos, que sin mejorar resultados, según los estándares europeos a los que dice acogerse la ley, se les terminará asfixiando económicamente. El Ministerio, pues, condena a la pobreza, una vez más, a los más desfavorecidos del sistema.

Pero si la intromisión de la economía en la vida educativa es grave, mucho más grave son los planes de Wert para construir una Formación Profesional, según él, más eficaz. La llamada “FP dual” establece (artículo 42 bis) que los alumnos realicen algo parecido a prácticas en empresas, por supuesto, sin salario, con el fin de que estos, al modo de aquellos viejos aprendices y ganapanes de principios del siglo XX, conozcan un oficio. El resultado es obvio: empresarios beneficiados de mano de obra barata (gratuita) quizás para que hagan más competitiva la economía española, mientras el Estado se ahorra mucho dinero, eliminando a los profesores que ya no les impartirán clases durante esos meses que duren las prácticas.

Si a esto se suma que el artículo 116 establece que “las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente Ley Orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado”, y que “dichos conciertos tendrán carácter general”, comprenderemos cómo una vez más se toma una medida que se declara radicalmente en contra de la educación pública, al fomentar también la FP privada y sostenida con fondos públicos, en determinados centros educativos, cuyas conexiones debidamente planificadas con el mundo de la empresa privada y los intereses particulares no facilitará una mejor formación, sino un mejor aprovechamiento de las fisuras del sistema por parte de empresarios sin demasiados escrúpulos, que emplearán antes a los alumnos vinculados con las instituciones educativas privadas que a los alumnos procedentes de la enseñanza pública.

Y si hubiera alguna duda más de cómo la mercantilización del sistema educativo se fomenta desde esta ley, basta con echar un simple vistazo al artículo 40, que establece algunos objetivos de esta nueva norma, como “afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales” de los alumnos.

Por tanto, empresarios, toda la enseñanza concertada y una buena parte de la población que comulga con instaurar un modelo liberal en el ámbito de la educación aplaude la “ley Wert”. El solitario vanidoso ya no está tan solo en su planeta, si reflexionamos un poco sobre cómo determinados intereses económicos han sabido presionar, una vez más, a los poderes políticos. En casi nada se parece esa ley a esa que cacarearon en su campaña electoral: ¿adónde fue a parar el Bachillerato de tres años que les hizo pensar a muchos docentes y padres que sería una buena medida para potenciar la calidad del sistema educativo y profundizar en la mejor formación de los jóvenes?

Pero los enemigos de la educación pública no están solo fuera de ella. Los políticos, de nuevo, han sabido “comprar” los intereses personales de muchos mal llamados “profesionales” de la enseñanza, colaborando en pervertir el sistema. La cadena de montaje se traslada a las escuelas, que además de aprendices, se llena también de rudos capataces que ejercerán, amparados por esta nueva ley, un poder casi caciquil. Evidentemente, me estoy refiriendo a los directores de los centros educativos.

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(Chaplin y sus Tiempos modernos)

Pero vayamos otra vez a la historia para comprender el presente: el último gobierno de Aznar modifica la ley que establece la elección de directores. Es entonces cuando se le resta poder a los órganos colegiados de los centros educativos (claustro y consejo escolar). Apenas un año antes de que comenzara la crisis, algunas comunidades autónomas, de las cuales depende la educación, suben el sueldo de estos un 15%, un poco antes de que Zapatero rebajara los salarios en un 7% durante los primeros meses de la actual crisis económica. ¡Afortunados aquellos que durante la hecatombe económica seguían ganando un 8% más de salario! La medida de su subida salarial iba encaminada a potenciar el papel de los directores en la vida educativa, a fomentar que trabajaran más y se esforzaran por mejorar sus resultados en las estadísticas.

Muy poca gente sabe que un director cuando deja de serlo, una vez transcurridos seis años ejerciendo el cargo, consolida su salario si vuelve a lo que, coloquialmente, los profes de tropa llamamos “tiza”. Es decir, si un director vuelve a la “tiza” sigue cobrando su sueldo de director sin realizar otro trabajo que el de sus clases. Una vez más los sindicatos mayoritarios consiguieron estas prebendas para los directores, quizás en un intento de buscar aliados dentro de la Administración.

Así que, en muchos casos, elegidos por la Administración, sin que apenas intervenga el profesorado, comprados por la derecha política que engorda sus sueldos y defendidos por los sindicatos institucionales, se han constituido en una especie de piedra angular para los planes de reforma del actual gobierno, que los ha situado en una torre inamovible. La LOMCE es la puntilla torera para consolidar su poder, ya que si alguien sale reforzado con esta ley son precisamente ellos: los equipos directivos.

Veamos algunos ejemplos de cómo los directores blindan su poder, en lo que no tiene otro interés que convertir los centros educativos en empresas. El artículo 122 bis permite que los directores elijan a los profesores que mejor se adaptan a las supuestas necesidades de sus centros, con el consiguiente riesgo de que algunos colegios e institutos puedan convertirse en reductos movidos por los engranajes del amiguismo o se conviertan en centros fuertemente ideologizados, abriéndose las puertas para que se instauren regímenes, que rompen con los baremos objetivos de listas de profesores en expectativa de destino o interinos, que han pasado por sus correspondientes pruebas de oposición. Bastará el dedo de un director para que alguien con menos méritos que otros tantos trabaje primero.

4. Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar, durante el período de realización de estas acciones, los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del director deberán fundamentarse en los principios de mérito y capacidad y deberán ser autorizadas por la Administración educativa correspondiente, que se encargará de que se cumpla la normativa aplicable en materia de recursos humanos. La gestión de los recursos humanos será objeto de evaluación específica en la rendición de cuentas. El director dispondrá de las siguientes facultades:

 

a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad.

 

b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta decisión deberá ser refrendada por la Administración educativa correspondiente.

 

c) Cuando el puesto se encuentre vacante, sin estar cubierto de manera definitiva por funcionario de carrera docente, y exista financiación adecuada y suficiente, proponer, de forma motivada, la prórroga en la comisión de servicios del funcionario de carrera docente que hubiera venido ocupando el puesto de forma provisional o, en su caso, el nombramiento de nuevo en el mismo puesto del funcionario interino docente que lo venía desempeñando, cuando, en ambos supuestos, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos. En todo caso, en la propuesta deberá quedar debidamente justificada la evaluación positiva del funcionario en el desarrollo de su actividad dentro del correspondiente proyecto de calidad, así como la procedencia e importancia de su continuidad en el puesto que venía desarrollando dentro del proyecto para asegurar la calidad y la consecución de objetivos.

 

Pero el poder absoluto de los directores irá más allá con esta nueva ley. Serán ellos los encargados de aprobar la PGA (Programación General Anual), hasta ahora aprobada por el claustro de profesores, y de él dependerán decisiones pedagógicas, convirtiendo a los consejos escolares y claustros de profesores en meros órganos consultivos. Si de facto ya casi lo son, la nueva ley es una auténtica apisonadora de los órganos colegiados de los centros educativos, que hasta ahora se organizaban y tomaban sus decisiones democráticamente (artículo 132).

En la definición de las funciones establecidas para el consejo escolar, por ejemplo, apenas quedan decisiones que dependan de su criterio. Las doce competencias que atribuye la LOMCE al consejo escolar (con participación de toda la comunidad educativa) se podrían resumir en un ver, oír y callar (artículo 127): informar, valorar y conocer todos los aspectos de la vida del centro escolar, sin que este apenas intervenga en la aprobación de las decisiones relevantes.

La horizontalidad en las decisiones educativas, el estilo democrático que ha imperado hasta ahora en los colegios e institutos, y la toma de decisiones de manera colectiva se ha transformado en una especie de ‘ley del ordeno y mando’. La nueva norma hace que el poder de órganos de participación colectiva se centre en una sola persona. Una vez más, el carácter democrático de los redactores de la ley queda en evidencia, cuando desde la propia Constitución Española se establece, en su artículo 27, la participación efectiva en las decisiones de todos lo sectores afectados por la educación.

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Leyendo con detenimiento la nueva ley educativa empezamos a comprender algunos silencios. Si los adoradores del liberalismo económico, la patronal, la educación concertada y privada y la Iglesia sostienen los fundamentos de esta reforma educativa que han dictado, y a ellos hay que sumar que los directores andan sobre la turbulentas aguas de la asunción de estos planteamientos con una mansedumbre tan monacal y cobarde como la de unos sindicatos, que no han sabido articular una protesta contundente, dando protagonismo así a nuevas formas de representación social, llegaremos a la conclusión inevitable de que el vanidoso de aquel planeta no parece estar tan solo como nos relata Saint-Exupéry, sino acompañado de una corte que también utiliza chistera (o mitra, en su defecto).

 

 

 

 

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6 comentarios en “La LOMCE y los vanidosos.

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  2. Me parece una entrada poco rigurosa en algunos aspectos clave de las argumentaciones expresadas. Los datos que citas en varios momentos no son exactos y, aunque no dudo de que el leitmotiv pueda ser el que elucidas, esa falta de precisión hace que quede en entredicho parte de las tesis que defiendes en el articulado de la entrada del blog.
    Un saludo.

    • Agradecemos tu comentario y te pedimos que, por favor, nos hagas las aclaraciones oportunas y especifiques en qué aspectos se pierde el rigor. Gracias, en cualquier caso, por tus palabras.

      • La consolidación del complemento de directores quedó regulada por la LOPEG (art. 25,5), y fue recogida por la LOCE (art. 94,3) y por la LOE (art. 139,4). Se consolida una parte del complemento de dirección (está regulado por las CCAA), por cada período de dirección completo que se ha desempeñado (4 años, excepto los directores LOCE, cuyo mandato duró 3 años), con un máximo de tres períodos. No debe confundirse con los sexenios, que perciben todos los docentes de la Enseñanza Pública. Por lo demás, yo añadiría un análisis de la estructura de la Ley y de las “trampas” ocultas en la misma para hacer que los alumnos estudien fundamentalmente FP de Grado Medio y no accedan a Bachillerato y posteriormente a la Universidad; esto, en el fondo, es un aspecto más para apoyar la idea que se nos transmite en el artículo respecto a la orientación de la Ley para proporcionar mano de obra barata a los empresarios.

  3. Si estas son las únicas aclaraciones o correcciones de detalle que permiten cuestionar la rigurosidad del texto, no veo que se pueda despachar la calidad de lo escrito, dejándolo en entredicho en su totalidad. Por supuesto que se podrían añadir análisis de todo tipo hasta poder realizar una argumentación tan larga como para publicar un libro, pero pienso que antes de exponer una crítica general de esa magnitud, habría que hacer las especificaciones que se expresan en la respuesta, y así no dar lugar a malos entendidos. Yo también hubiera puesto énfasis en el tema de la Formación Profesional Inicial, que no es sino una argucia para maquillar las estadísticas sobre abandono escolar, sin dar solución alguna al problema, y, ciertamente, proporcionar mano de obra barata y poco formada, aparte de ahondar en la marginalización de gran parte de la población más desfavorecida.

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